El documento fue firmado recientemente por El Ministerio Público, la cartera de Gobernación, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la cooperación estadounidense.
Los privados de libertad podrán prestar declaración desde los centros carcelarios, para evitar su traslado a tribunales, se instalará equipo informático en algunas prisiones para proteger a los actores involucrados en las diligencias judiciales.
Esta nueva modalidad busca contrarrestar el riesgo que genera para la población el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad a los juzgados del país, y también garantizar la integridad física de los jueces, magistrados, defensores públicos, abogados litigantes y agentes penitenciarios, que actúan en los procesos penales.
Para la Directora General del IDPP, Licenciada Nydia Arévalo de Corzantes, “el uso de estos dispositivos genera oportunidades de mejora y favorece el desarrollo de los procesos penales”
Las herramientas y equipos tecnológicos que se instalarán en los distintos juzgados, tribunales y prisiones, para permitir la comunicación por esa vía, fueron una donación del Programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).
