Informe destaca la carga de trabajo, capacitación constante de Defensores Públicos y la atención especializada.
El estudio detalla que, debido a la poca celeridad en el sistema de justicia, aproximadamente 1 de cada 3 casos que tramitó el Instituto de la Defensa Pública Penal eran de años anteriores. En cuanto a las sentencias dictadas por el Organismo Judicial 6 de cada 10 corresponden a procesos gestionados por el IDPP.
Otro de los puntos que se destacaron en el análisis fue la Unidad de formación y Capacitación del Defensor Público, UNIFOCADEP, donde se afirmó el fortalecimiento de la unidad de capacitación. “Nos parece que ha sido una cuestión que ha permeado en la capacidad que tienen los Defensores Públicos de forma positiva. Es positivo también que son la única Institución del sector justicia que establece como una falta no asistir a una capacitación”, puntualizó María Fernanda Galán investigadora de ASIES.
Defensa Pública especializada
Se incluye también la creación de unidades para la atención especializada de grupos vulnerables, enfatizándose la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de dar acompañamiento técnico a todos los abogados de la institución para la construcción de estrategias de defensa con una perspectiva de derechos humanos. Se agrega la articulación de redes de apoyo y gestión política que tiene por medio de las secciones de Migrante, Discapacidad, entre otras.
En cuanto a la unidad de enfoque de género se recalca el aumento de la demanda del servicio del IDPP, debido que “esta coordinación es especializada no únicamente porque atiende mujeres, sino porque hay casos en los que existen sesgos en el sistema judicial hacia la condición del género femenino y estos ameritan la elaboración de una defensa que incluya un enfoque de género y el uso de peritaje de género” se puntualiza en el informe.
Recomendación de la investigación.
En el estudio se hace referencia que, para cumplir con el estándar regional, Guatemala necesitaría contar con 760 defensores públicos este año, lo que implica que el país tiene un déficit aproximado de 353 defensores públicos. Por lo tanto, se señala la necesidad que se aumente la asignación presupuestaria, con el objetivo de generar condiciones financieras para ampliación de la cobertura del servicio, así como la contratación de más abogados como personal permanente para poder hacer frente a la demanda de la defensa pública.
En el cierre de la presentación el Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal, Idonaldo Fuentes, agradeció a ASIES por el estudio realizado y destacó el interés que se tiene en seguir fortaleciendo la institución, asimismo indicó “Nosotros pretendemos optimizar el servicio, si aumentamos el personal de defensores la intención es bajar la carga de trabajo y se busque la calidad”.
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